Las nuevas leyes de detención preventiva de Florida, promulgadas como parte de la iniciativa estatal de “mano dura contra el crimen”, están agravando el caos en el sistema judicial y podrían acabar manteniendo a más personas en cárceles que actualmente se encuentran abarrotadas, causando retrasos para las personas que tratan de salir en libertad bajo fianza.

La detención preventiva se refiere al periodo de encarcelamiento tras una detención, antes del juicio. Tradicionalmente, la mayoría de los acusados tenían derecho a pagar una fianza razonable y ser puestos en libertad. Sin embargo, con la nueva ley, las personas acusadas de cometer determinados “delitos peligrosos” se enfrentan ahora a normas diferentes.

Los críticos dicen que las nuevas normas eliminan la posibilidad de conceder la libertad bajo fianza en la primera asistencia para muchos, aumentando las audiencias de prisión preventiva y los acusados detenidos sin libertad bajo fianza, en espera de juicio.

La ley identifica ahora 26 delitos peligrosos específicos, entre los que se incluyen los incendios provocados, las agresiones con agravantes, las agresiones sexuales, el terrorismo, entre otros. Anteriormente, el juez tenía la facultad discrecional de poner en libertad bajo fianza a un acusado mediante vigilancia electrónica o una fianza de reconocimiento. Sin embargo, la ley revisada elimina esta discrecionalidad, imponiendo fianzas monetarias a todos los acusados de delitos peligrosos. Este cambio afecta desproporcionadamente a los acusados con recursos económicos limitados que no pueden permitirse las fianzas económicas.

Cambios en los requisitos de fianza y prisión preventiva

El objetivo de la ley es impedir que las personas acusadas de delitos violentos salgan de la cárcel sin comparecer antes ante un juez. Al impedir que los delincuentes reincidentes y los detenidos por determinados delitos soliciten la libertad bajo fianza provisional, la nueva ley garantiza que las personas sean juzgadas antes de ser devueltas a la comunidad.

Anteriormente, cada uno de los veinte circuitos judiciales de Florida tenía potestad para determinar el importe de las fianzas. Con la nueva ley, los jueces de los tribunales inferiores tienen prohibido reducir la fianza por debajo de las nuevas directrices estatales establecidas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, conservan la capacidad de aumentar el importe de la fianza si lo consideran necesario.

Los críticos de este cambio argumentan que elimina la discrecionalidad de un juez para reducir la fianza en función de las circunstancias específicas de un caso. Sostienen que los jueces tienen un conocimiento profundo de los hechos y circunstancias del caso de un individuo, y en determinadas situaciones, reducir la fianza puede ser beneficioso.

Sebastian Smith, presidente del Florida Undergraduate Law Review, dijo a Daniel Bednar del University of Florida Alligator, “Estos jueces tienen un conocimiento íntimo de los hechos y circunstancias específicas de los casos de los individuos, y en ciertas situaciones, es muy beneficioso perseguir la reducción de la fianza.”

Retrasos en la libertad bajo fianza

Y la nueva configuración está causando retrasos para las personas que tratan de salir en libertad bajo fianza. El juez Nushin Sayfie, del Undécimo Circuito Judicial, dijo a Miami NBC6 News que los retrasos se deben a que el departamento de correccionales parece tener ahora la mayor responsabilidad a la hora de evaluar quién es o no un riesgo.

“Si te arrestan por cualquier delito grave”, dijo el juez Sayfie, “digamos posesión de cocaína – teóricamente, se supone que ahora los correccionales deben examinarse y asegurarse de que no estás en libertad preventiva, libertad condicional, control comunitario en este estado o en cualquier otro”.

Pero, según Sayfie, la oficina correccional local puede ser reacia a asumir la responsabilidad por miedo, a cargar con la culpa de poner en libertad por error a un delincuente que luego comete un delito violento. Además, es posible que los centros penitenciarios no dispongan de sistemas y procedimientos para determinar con eficacia y precisión quién reúne los requisitos para ser puesto en libertad bajo fianza.

Cambios en el calendario de fianzas

Además de las alteraciones en el estatuto de detención preventiva, la nueva ley también obliga a la imposición de un calendario para personas que desean salir con libertad bajo fianzas en todo el estado por el Tribunal Supremo de Florida. Establece los siguientes importes de fianza para los acusados con derecho a libertad provisional antes de su primera comparecencia:

• Delitos graves de tercer grado que impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 5.000 $.
• Delitos graves de tercer grado que no impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 2.500 $.
• Delitos menores de primer grado que impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 1.000 $.
• Delitos menores de primer grado que no impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 500 $.
• Delitos menores de segundo grado que impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 250 $.
• Delitos menores de segundo grado que no impliquen fuerza o amenaza de violencia contra una persona: 150 $.
• Conducir o navegar bajo la influencia: $500-$1,000

Es importante tener en cuenta que los jueces aún tienen la discreción de ajustar los montos de fianza durante la primera comparecencia o establecer un programa de fianza local con montos de fianza más altos o condiciones de liberación adicionales.

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